martes, 23 de marzo de 2010

24 de Marzo: Día de la memoria por la verdad y la justicia




El 24 de marzo de 1976 es una fecha clave de la historia reciente de nuestro país, un punto de inflexión y fractura en el proceso histórico de la sociedad argentina. A más de treinta años del golpe de Estado que inauguró una de las épocas más sombrías y trágicas de nuestra historia, los argentinos encontramos una nueva oportunidad para reflexionar acerca de lo ocurrido en aquellos años, pero también para pensar en nuestra democracia en el presente y en la que aspiramos a construir en el futuro.
Reflexionar sobre la dictadura y las huellas que ha dejado en la sociedad argentina se convierte hoy en un imperativo para la escuela. ¿Por qué? Referente fundamental para la formación ciudadana, la institución escolar debe trabajar para mantener viva la memoria de lo que no puede volver a repetirse; para afirmar los valores sobre los cuales se construye la democracia –la tolerancia, el respeto por la opinión del otro, la libertad de expresión; y para la creación de espacios compartidos de reflexión y de indagación sin los cuales no será posible que las nuevas generaciones puedan sentirse protagonistas en el presente y trabajar desde ese reconocimiento para construir una sociedad mejor.
La represión política y el terrorismo de estado
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron a través de un golpe de Estado al gobierno constitucional presidido por la viuda del General Perón y lo sustituyeron por una Junta integrada por representantes de las tres armas. El golpe tuvo lugar en un contexto signado por una profunda crisis política y económica, la movilización de las organizaciones de los trabajadores frente al deterioro de las condiciones laborales, y el aumento de la violencia política ejercida por agrupaciones que reivindicaban la lucha armada como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros. A ello se sumó la acción de bandas parapoliciales y paramilitares de extrema derecha como la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la “Triple A”. En este clima de convulsión social, se produjo la interrupción del orden constitucional.
El golpe de Estado fue el primer paso en la instauración de un gobierno militar autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” cuyo objetivo fue acallar cualquier tipo de disidencia política e ideológica. La dictadura militar implementó una feroz política represiva dirigida contra amplios sectores de la sociedad argentina calificados como “subversivos”. Secuestros, asesinatos, torturas, censura sobre los medios de comunicación fueron los instrumentos de que se valió el Estado para imponer el “orden” en la sociedad. La investigación que llevó a cabo la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP) logró documentar la desaparición de 8960 personas. Sin embargo, se estima que fueron muchos más los que corrieron ese mismo destino (alrededor de 30.000). A ellos se agregaron los casos de cientos de personas que permanecieron detenidos sin causa ni acusación concreta durante varios años y puestos a disposición del poder ejecutivo y la situación de los niños que, luego de nacer en centros clandestinos de detención, fueron secuestrados, privados de su verdadera identidad y entregados en forma irregular en adopción, en algunos casos, a las familias de los asesinos de sus padres. Miles de ciudadanos fueron despojados ilegalmente de sus bienes, cesanteados y expulsados de sus trabajos por razones políticas. Cientos de trabajadores, artistas, intelectuales y profesionales fueron obligados a exiliarse.
La dictadura militar que asumió el 24 de marzo de 1976 no sólo ejerció una fuerte represión política, sino que también llevó a cabo un proceso de reestructuración económica y social de la Argentina. La gran mayoría de los secuestrados y desaparecidos pertenecían a aquellos sectores que con mayor vigor podían oponerse a sus proyectos: dirigentes sindicales de cuadros medios, estudiantes, periodistas y abogados. Las garantías constitucionales fueron suspendidas, la actividad de los partidos políticos fue prohibida y varios de sus principales dirigentes encarcelados y perseguidos. Un severo control se impuso sobre los medios de comunicación. La represión y la violencia ilegal fueron instrumentadas y desencadenadas desde los mismos organismos estatales que debían ser responsables del mantenimiento del orden jurídico. Los representantes de estos organismos, fuerzas de seguridad militares y policiales negaron, al mismo tiempo, toda responsabilidad en estos crímenes.
El informe elaborado por la CONADEP constituye todavía hoy un documento esencial para conocer el funcionamiento y organización del aparato terrorista organizado desde el Estado, incluso antes de la toma del poder por la Junta Militar. Sobre la base de este informe se llevó a cabo el juicio a los integrantes de las distintas juntas militares que fueron procesados a finales de 1985. Varios de sus integrantes fueron condenados a cadena perpetua y sufrieron la pérdida de su condición militar, aunque a finales de la década del ochenta y principios de la del noventa, casi todos fueron indultados.
Reflexionar sobre el pasado en la escuela: la necesidad de recordar y el deber de conocer
Abordar en la escuela un tema tan complejo como es el de la dictadura militar instalada en nuestro país en 1976, implica siempre tomar decisiones acerca de las perspectivas de análisis elegidas, las temáticas privilegiadas, los interrogantes a considerar, los debates a instalar en el aula. Entendemos que, más allá de analizar con los alumnos los acontecimientos que marcaron a fuego los años de la dictadura, es posible trabajar con ellos acerca de algunos puntos sobre los que, poco a poco, la sociedad argentina ha comenzado a interrogarse en los últimos años. Estos refieren a la responsabilidad que puede asignársele a la sociedad en su conjunto en la instalación del gobierno militar, a las marcas o huellas que la dictadura ha dejado como herencia a las nuevas generaciones de argentinos y, por último, a la necesidad de construir una memoria colectiva sobre estos hechos aberrantes para evitar el olvido, la negación o la recreación de cualquier forma de autoritarismo.
I. Las responsabilidades colectivas: un tema en debate
Cada aniversario constituye un momento particular para la reflexión, el ejercicio de la memoria y el análisis histórico. Este año, el inicio de la dictadura será recordado a través de innumerables manifestaciones: debates públicos, actos oficiales, ceremonias, movilizaciones. En este acto de ejercicio de la memoria, los distintos actores sociales privilegian miradas que contienen distintas interpretaciones. Los integrantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen vivo el recuerdo de la resistencia a la dictadura y de los crímenes llevados a cabo por los represores. Insisten, por otro lado, en la necesidad de que se haga justicia y en que se castigue a los responsables por los actos del terrorismo del Estado. Pero también hay quienes sostienen que las visiones que cargan todos los aspectos negativos de aquellos años en la dirigencia militar niegan las responsabilidades de los grupos guerrilleros que, con sus atentados y asesinatos, extremaron la violencia en la sociedad y provocaron el golpe de estado.
La mirada de los cientistas sociales incluye muchos otros matices. Debe señalarse, de todos modos, que sólo en los últimos años los historiadores, sociólogos y politólogos han comenzado a abordar este período trágico de la historia argentina. La dificultad de los estudiosos para encarar este período deriva de la proximidad temporal con la época, pero también de los mismos problemas que tiene la sociedad en su conjunto para reflexionar sobre esa etapa de la historia argentina. Quizás, una de estas razones deriva del hecho de que el estudio de la dictadura plantea ciertos interrogantes incómodos. Algunos se vinculan con la pregunta por la actitud de la sociedad en su conjunto frente a la dictadura y al consenso que ésta encontró durante mucho tiempo en el cuerpo social de la Argentina. Los golpes de estado tuvieron en la Argentina el apoyo activo de distintos sectores de la sociedad civil. Una lectura superficial de los principales diarios de aquella época permite advertir el respaldo activo y público que la dictadura encontró entre empresarios, sindicalistas, periodistas o ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica. Pero la dictadura también encontró respaldo en grupos más amplios de la sociedad argentina. Es cierto que la represión instaló en la sociedad el miedo y el terror, provocó la autocensura y eliminó la mayoría de las iniciativas de protesta colectiva. Es verdad también que existieron numerosos focos de resistencia en el ámbito laboral, estudiantil, intelectual y artístico que se solidarizaron con quienes eran perseguidos y encarcelados. Pero todo esto se verificó también en un marco signado por una comunidad que, en gran medida, se reveló profundamente autoritaria. El estudio de los años de la dictadura plantea fuertes interrogantes en torno a las responsabilidades concretas del conjunto de la sociedad en los trágicos episodios de aquellos años. Postula el interrogante por la conducta de amplios sectores de la sociedad que, en función de la preocupación por el orden y la tranquilidad, dejó de asegurar los derechos de sus semejantes y contempló, en una actitud muchas veces pasiva -y hasta cómplice-, la violación de las garantías básicas consagradas por el estado de derecho.
II. Las herencias de la dictadura
Otra cuestión relevante refiere a las marcas que la dictadura dejó en la sociedad argentina. Muchos especialistas han sostenido que la política económica implementada durante aquellos años profundizó los clivajes sociales e hizo desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, a la sociedad argentina mucho más injusta. La Argentina se había destacado siempre en el contexto latinoamericano por el profundo grado de integración social. Pero la participación de los asalariados y trabajadores en el producto bruto interno comenzó a descender de manera acelerada a partir de entonces. De esta forma, en los tiempos de la dictadura se profundizó aceleradamente el proceso de fragmentación social. Por otro lado, el régimen militar, través de su política económica incidió decisivamente en la desindustrialización del país. Por último, aquellos fueron también los años del crecimiento acelerado de la deuda externa.
Estos no son, sin embargo, los únicos trazos que la dictadura dejó en el cuerpo social de nuestro país. Más profunda es quizás la herencia que dejó en las prácticas sociales, en la cultura política y en la conciencia social. Desde 1983, quizás con alguna excepción, se ha respetado la continuidad institucional y democrática. Son casi inexistentes los grupos que creen hoy que un golpe militar puede ayudar a resolver los problemas del país. Pero las dictaduras dejan huellas e instalan conductas que son muy difíciles de desterrar. El temor a comprometerse políticamente, la indiferencia ante el destino de los otros y la tendencia a privilegiar exclusivamente el derrotero individual, la ruptura de los lazos de solidaridad colectiva, la sensación de impunidad, las conductas autoritarias y violentas, son algunas de las marcas que la experiencia de aquellos años parece haber legado a gran parte de nuestra sociedad.
III. La necesidad de recordar
La memoria colectiva es la forma en que una comunidad recuerda su propio pasado histórico. En cada época y cada lugar, los recuerdos de ciertos hechos políticos, culturales o sociales permanecen en la memoria de los integrantes de una comunidad. Esos recuerdos compartidos orientan, muchas veces, el comportamiento de las generaciones posteriores. ¿Qué y cómo recordar, pasados ya treinta años, el inicio de la dictadura más atroz que conoció la Argentina? En primer lugar, es necesario que todos los integrantes de la sociedad asumamos el compromiso de trabajar en forma permanente contra su olvido así como también contra todas las formas de falsificación o de negación de lo que nos ocurrió en el pasado.
El aniversario del golpe ha coincidido con una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional que impulsó la sanción de una ley que dispuso que el día 24 de marzo sea feriado nacional. La propuesta ha generado polémicas entre los representantes y dirigentes de los organismos de las entidades defensoras de los derechos humanos. Algunos han sostenido que la imposición del feriado implica convertir a dicha fecha en un día dedicado al descanso y que, en cambio, es necesario hacer de ella “… un día de dolor, de reflexión, de lucha y de duelo…”. Afirman, de este modo, que no puede tomarse como un día festivo sino como un momento para la reflexión y al análisis. Otros en cambio, han sostenido que la imposición del feriado constituye una decisión correcta para conservar en el conjunto de la sociedad el recuerdo de estos episodios.
“Conmemorar” significa recordar en forma conjunta, esto es, públicamente; implica también celebrar los valores que los miembros de la comunidad comparten en el presente y desean para el futuro. Desde el año 2002 una ley nacional instituyó el 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. Ese día en todas las escuelas del país se recuerdan a las víctimas de la represión ilegal de la dictadura, buscando fortalecer el compromiso de las jóvenes generaciones con la defensa permanente del estado de derecho y valorar la posibilidad que hoy tenemos de expresarnos libremente, de elegir a nuestros gobernantes, de convivir en la pluralidad y el respeto por las ideas de los otros.
Más allá de la modalidad que se imponga, lo importante es mantener vivo el recuerdo de aquellos años y mantener vigentes las preguntas que nos permitan pensar en los valores y conductas sobre los que se construye una sociedad democrática. Los cientistas sociales han insistido en señalar que sólo mediante el recuerdo de los actos y consecuencias de la represión ejercida por la dictadura se pueden crear los antídotos y las barreras que permitan evitar la reiteración de crímenes como los que se vivieron en la Argentina durante los años setenta. Importante es, también, que el recuerdo nos permita construir, desde la crítica y la reflexión, una sociedad más democrática, respetuosa de las diferencias políticas y culturales y de los derechos de los semejantes, en definitiva una sociedad más justa, democrática y tolerante.

Dr. Pablo Buchbinder
Investigador Conicet (UNGS/UBA)
Fuente: http://www.educared.org.ar/enfoco/caleidoscopio/contenido_2006/20_03_2006/

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